NACIONALISMO: CUANDO "DON" LLAMA A "DIN"
La asfixiante cuestión de las identidades territoriales y la organización autonómica de España no parece salir nunca de la agenda política y ya van más de 260 años. Y siempre en perjuicio de asuntos que personalmente me parecen muchísimo más urgentes, como los 3 pilares del ya maltrecho Estado del Bienestar: Educación, sanidad, y seguros sociales. Ahí sí que nos estamos jugando la calidad de muchos de los servicios públicos que influyen de forma cercana y diaria en la calidad de vida de los españoles.
Sin embargo, hay políticos y partidos que viven tan obsesionados con el problema de España que apenas manejan otra alternativa que la agenda militar y macabra de ETA. En realidad no importan, los problemas de España y los españoles, y aquí donde he escrito España y los españoles, podría leerse el nombre de cualquier comunidad autónoma y de sus ciudadanos. Nuestro sistema de poder territorial no parece requerir tratamientos quirúrgicos, sino simples y lógicas reformas en aquellos aspectos en los que se ha demostrado poco funcional, como el sistema de relaciones del Estado con las Comunidades, o de estas entre sí, es decir, convertir al Senado en una cámara de comunicación horizontal entre regiones, para desde allí potenciar la fuerza del Estado, sin que éste sea visto por comunidades autónomas como Eukadi y Cataluña como un furioso casero, o la cúspide de un zigurat vertical. Por otra parte, es cosa diferente que los poderes públicos de determinadas comunidades pretendan legítimamente reformar sus estatutos. Aunque no estaría mal que a estas alturas supiéramos para qué, cosa que no parece estar tan clara. Para realizar esta afirmación me apoyo en mis conocimientos históricos y jurídicos, pongamos algunos ejemplos terminológicos: Para empezar la discusión de la adopción del término Nación para las autonomías, el caso más evidente, Cataluña. Nación es en primer lugar un término lo suficientemente ambiguo como para ser utilizado por todos los nacionalismos: (español y periférico). Pero sigamos brevemente una pista. La Constitución habla en su artículo 2 de Nación española y nacionalidades y regiones sin especificar cuales son regiones y cuales naciones. La fórmula corresponde a un peaje histórico, y no es otro que la Guerra Civil y el franquismo. En lo que se refiere al enfrentamiento entre hermanos, (tan común del carácter intrínseco de los españoles), nos encontramos con dos concepciones distintas de la idea de España, la liberal y democrática (defendida por Azaña) y la militar y católica con rasgos fascistoides en su inicio, (defendida por Franco). No es por tanto la Guerra Civil un enfrentamiento entre el nacionalismo español y el periférico (como se ha presentado por el nacionalismo catalán o vasco), sino un enfrentamiento entre dos visiones muy diferentes de una Nación, hasta entonces no discutida que era España. La apropiación y manipulación de la simbología (bandera, himnos, fiestas, política de memoria), por parte de una parte de una parte de este nacionalismo de carácter militar y anti-democrático, provoca al final de la dictadura, deslegitimación y una idea denostada del concepto de nación española, a la par que una fortaleza de todas las identidades, de naturaleza regional y nacional. En respuesta a aquel desafío, viene el término nacionalidades y regiones, así como el de “nacionalidad histórica”, que contra el desconocimiento mayoritario, no viene del inicio de los tiempos, no viene de los cántabros que habitaron Trasmiera al inicio de la Hispania, sino simplemente obedece al hecho de que estas comunidades tuvieran aprobado su Estatuto o estar éste en vías de discusión, hasta el momento de la ruptura definitiva de la vía legal republicana 1939. De este modo, comunidades históricas, por orden cronológico son: Cataluña, Eukadi, Galicia, Andalucía. Pero pudieron ser otras, pudo ser por ejemplo Castilla o Cantabria (caso estudiado por mí), por tanto el término obedece no a motivos sempiternos sino de recorrido parlamentario, de tramitación en cortes. La segunda manipulación nacionalista, en este sentido, viene de este hecho, y la tercera, es utilizar esta coyuntura para reclamar privilegios jurídicos sobre otras regiones.
El término nacionalidades en la actual constitución, está basado en lo antes expuesto, sin mencionar su nombre, puesto que jurídicamente no existían como tal, sin embargo, todas ellas, como históricas, en el sentido antes expuesto, accedieron a su estatuto por vía rápida (art. 143) y el resto, por la vía lenta (art. 147). A partir de estas circunstancias, ejemplos como el proyecto pactado por PP y PSOE, de reforma de Estatuto de la comunidad Valenciana, bautizándose como comunidad nacional, cosa que en términos jurídicos y de acuerdo a lo expuesto más arriba resulta absolutamente insólito, y a la vez, son el exponente y la clara prueba de que el desconocimiento de la terminología y la historia es latente, y sin rigor, podemos decir hasta que queremos reconstruir los reinos de Taifas medievales. Si cabe por el contrario reflexionar sobre los diferentes papeles armónicos de unos y otros en foros comunes adecuados que ahora no tenemos.
Pero una cosa es reconocer el derecho de proponer el encaje en el proyecto nacional y otra muy distinta predeterminar desde una periferia el campo y las reglas de juego para el conjunto, (financiación autonómica), cuando Cataluña, o mejor, sus gobernantes, hablan de limitar la solidaridad, es de nuevo no conocer la historia y hablar con muy poco rigor. Como todo el mundo sabe, las competencias más importantes (educación, sanidad…), están en su gestión transferidas a las comunidades autónomas, es una autonomía de gestión, no de financiación, es decir, es el Estado, a partir de los impuestos de todos los españoles, el que distribuye equitativamente el dinero entre todas las comunidades autónomas, sistema por el cual, y de acuerdo a diversos estudios, se han recortado las diferencias entre los ciudadanos de las distintas regiones, la excepción a la regla, es sin duda Eukadi y Navarra con el concierto económico, una “asimetría reflejada en la constitución”, que sería largo y arduo de explicar, pero por poner un calificativo ponderado, resulta a todas luces un sistema tan privilegiado como injusto. Nación y balanzas fiscales, es decir, soberanía para recaudar y gestionar los impuestos de todos, y decidir, ellas mismas el cupo de solidaridad, es decir, Concierto económico bis, algo que para los nacionalistas no es una casualidad sino la causalidad, la que da la diferencia, la diferencia que se establece al imposibilitar a un estudiante de historia presentarse a oposiciones en Cataluña sino se conoce el catalán, o la diferencia de la imposición de aprender euskera o vascuence a aquellos profesores que imparten sus enseñanzas en castellano, en un tiempo “lo más corto posible” y bajo riesgo de despido, o la diferencia, por último y sin ánimo de ser exhaustivos, de la celebración del título de liga del Barça con la exhibición por parte de directivos de banderas independentistas catalanas, tan anti-constitucionales, como la franquista.
Pero el debate de la diferencia no es debate de la causalidad, sino de la consecuencia, esto es, la apología de la ambigüedad calculada. Nación, puede ser entendido para Cantabria como un término cultural, nadie en España va a pensar que Cantabria por el hecho de ser nación, busque ningún privilegio, sino un reconocimiento de sus raíces, algo que sin embargo, no buscan los partidos nacionalistas, o si lo buscan, es sin duda, como subsidiaria excusa. Decía Tusell que la diferencia entre un nacionalista y un regionalista es que ambos, aun queriendo la exaltación de su región, el segundo lleva aparejado el síndrome de Caín y Abel, esto es, el enemigo exterior: al principio Castilla, y durante el S.XX cuando Castilla no oprimía ni a una mosca, el enemigo fue el centralismo de Madrid, para terminar el recorrido, ahora en la democracia, sobre todo en estos últimos años, el enemigo es España, palabra que no se la oirán pronunciar ni a Carod ni a Ibarretxe, su neologismo es Estado Español.
Como resalta Juan Pablo Fusi, es la política del victimismo, el victimismo del PP en la manifestación por la unidad del archivo y sobre todo de España, o el victimismo nacido de las fascistas ideas de Sabino Arana, según las cuales, Eukadi perdió la independencia en 1707 con los decretos de nueva Plata de Felipe V, si atendemos a esta lógica, Eukadi, pero también Aragón, Valencia, Trasmiera…son independientes. Pero volvamos al presente, en la actualidad está bien visto denostar la ilusión de los ciudadanos españoles, perdón, estatales, pongo por caso la candidatura de Madrid 2012, no se les ha escuchado condena alguna, al atentado de ayer en la Peineta, perpetrado por los que exaltan “el conflicto de relaciones” (en este caso entiéndase como eufemismo), entre Euskal Herría y los Países Catalanes, y el “Estado español” y para las otras partes.
A varios responsables políticos de comunidades deseosas de reformar sus estatutos se les ha preguntado si no sería más importante dedicar ese esfuerzo político a mejorar la sanidad o la educación. Y lo que han respondido invariablemente es que la reforma de Estatuto sirve precisamente para eso, para tener una mejor sanidad, por ejemplo. Es decir, que de lo que se trata es de tener mejores servicios, si bien ahora usando otra coartada aparentemente más imaginativa. A mí que me expliquen cómo van a tener mejor sanidad sólo por denominarse nación, que no lo entiendo. Y si tras la nueva denominación vienen mejores servicios, será porque esa noble etiqueta tiene por el reverso el precio a pagar por todos nosotros para que esa satisfacción no sea meramente psicológica. O sea, que lo de los adjetivos es estrictamente eso, adjetivo, y que lo sustantivo es la financiación, como nos temíamos. Por eso no es extraño que desde el nacionalismo se diga, ya más a las claras, que si lo de la financiación queda más o menos satisfactorio, se podrá posponer ese ímpetu autodeterminista que al parecer embarga a las masas de ciertas comunidades.
Por eso no queda más remedio que ironizar sobre esta puja por acceder a los adjetivos más rimbombantes. Porque se piensa, o porque se sabe, o porque se recuerda, o porque se intuye, que tras ese adjetivo resplandeciente vienen los réditos dinerarios correspondientes. Y por eso en cuanto uno ha levantado la veda y ha invitado a otro al club de los privilegiados, han saltado otros tantos a pedir su adjetivo, a recordar su carácter histórico, a exhibir blasones apolillados, a querer ser nacionalidades, comunidades nacionales y cosas así. Al pillaje sin escrúpulos, sentémonos todos en la mesa de señor, a ver qué cae. Sin recordar que, cuando los poderosos llaman a su mesa a los plebeyos siempre ha sido para que la limpien, no para que se sienten al banquete. Y a pesar de eso se apuntan al reclamo, para tratar de ser también diferentes, para ser como los que consideran favorecidos. Vamos, que aquí todos quieren ser diferentes a lo que son en realidad para poder ser tratados de igual modo que los que alcanzan privilegios reales y concretos emboscados en linajes y prosapias varias. Esa es la paradoja, que todos quieren ser diferentes para ser tratados como iguales. Pero alguno acabará mirando el banquete y limpiando el mantel.
Porque como recuerda el sabio refranero castellano, que seguramente será políticamente incorrecto citar, por viejo y por sabio, pero sobre todo por castellano, "no hay “don” sin “din”. Y aquí todo el mundo quiere el “don” como una excusa para pedir el “din”, porque a fin de cuentas, en este país que ha conocido muchos hidalgos mendigos, no hay “don” sin “din”. No hay un Ibarretxe sin Acebes, un Carod si Esperanza Aguirre o un Fraga sin Franco. Aquí nadie parece conformarse con ser, sencillamente, una región española, o una región de España, como se prefiera.
Aquí hay que ser nación, nacionalidad, nacionalidad histórica, nación cultural, comunidad nacional, región próspera, región periférica, región atlántica o euroregión histórica. Nada importaría, si no fuese por lo del “din”, que nosotros necesitamos tanto como los demás, si bien nuestra dignidad no nos permite ocultarlo con el “don” (seny en Catalá).
No debemos comenzar la casa por el tejado. España no es lo que queda después de que cada territorio haya determinado en su Estatuto lo que quiere para sí. Eso nos convertiría automáticamente, no en un Estado federal, sino en una pura confederación. España, como realidad política actual, precede lógicamente a sus Comunidades, de modo que la Constitución de 1978, y por extensión la idea de nación española, no es un adjetivo sin importancia, sino que lleva consigo, cultura, pero también, justicia, economía, en una palabra igualdad, un consenso de muchas horas, de muchas renuncias, algo que por desgracia, creo que el que más recuerda es Suárez, un futuro de convivencia, de amistad, quizá lo más importante. Es una posición lógica que en nada perjudica los legítimos derechos de algunos territorios a considerarse nacionalidades históricas con una base cultural homogénea y una larga historia de instituciones de autogobierno. De hecho, con esas premisas hemos convivido desde finales de los setenta y sobre estas bases se ha erigido un profundo respeto a las peculiaridades de cada territorio por parte de la inmensa mayoría de los españoles, incluso en los años últimos en los que hasta eso se puso en duda desde el poder central. Por eso resulta ridícula tanta insistencia en esos adjetivos por quienes tendrían más difícil acreditarlos en la misma medida que los originales. Claro que todos somos "históricos" en un sentido lato del término, pero no todos somos históricos en el sentido al que se refiere la Constitución para recordar los territorios con antecedentes jurídicos y políticos de autogobierno. ¿A qué tanto interés en esa expresión o en otras parecidas si no ocultaran algo más que esa satisfacción psicológica a la que me he referido?. Este modelo arqueológico de legitimación política, el que se basa en la preexistencia histórica, podría conducirnos en pura lógica a la mera y ridícula declaración de la única Comunidad Autónoma de Atapuerca, no ya histórica, sino incluso prehistórica, poco menos que natural e inmanente como el movimiento de la luna o la sucesión de las estaciones. Una comunidad frente a la que todas las demás palidecerían sepultadas por el peso de sus incontables estratos y dolinas. Creo que sería un útil servicio a España proponer mesura en la deriva un tanto ridícula, por parte de las autonomías y del presidente del gobierno, de esta discusión territorial.
Encaremos las reformas estatutarias como un proceso lógico siempre que no se toquen los elementos comunes del sistema ni se prefigure una paralela reforma constitucional y construyamos entre todos un país, unido en la diversidad, orgulloso de integrar territorios como Cataluña, Euskadi o Galicia, sintámonos contentos por el hecho de que sus representantes puedan utilizar sus lenguas maternas en la sede de la soberanía de las Matrias, pero por favor, sintámonos de igual modo, dichosos, cuando el Barça es més que un club, porque ha sido capaz de trasladar una determinada personalidad deportiva y unos valores de integración a un ciudadano nacido en Salamanca, que a su vez sueña con poder aprobar una oposición y transmitir su don castellano en Barcelona.
Sin embargo, hay políticos y partidos que viven tan obsesionados con el problema de España que apenas manejan otra alternativa que la agenda militar y macabra de ETA. En realidad no importan, los problemas de España y los españoles, y aquí donde he escrito España y los españoles, podría leerse el nombre de cualquier comunidad autónoma y de sus ciudadanos. Nuestro sistema de poder territorial no parece requerir tratamientos quirúrgicos, sino simples y lógicas reformas en aquellos aspectos en los que se ha demostrado poco funcional, como el sistema de relaciones del Estado con las Comunidades, o de estas entre sí, es decir, convertir al Senado en una cámara de comunicación horizontal entre regiones, para desde allí potenciar la fuerza del Estado, sin que éste sea visto por comunidades autónomas como Eukadi y Cataluña como un furioso casero, o la cúspide de un zigurat vertical. Por otra parte, es cosa diferente que los poderes públicos de determinadas comunidades pretendan legítimamente reformar sus estatutos. Aunque no estaría mal que a estas alturas supiéramos para qué, cosa que no parece estar tan clara. Para realizar esta afirmación me apoyo en mis conocimientos históricos y jurídicos, pongamos algunos ejemplos terminológicos: Para empezar la discusión de la adopción del término Nación para las autonomías, el caso más evidente, Cataluña. Nación es en primer lugar un término lo suficientemente ambiguo como para ser utilizado por todos los nacionalismos: (español y periférico). Pero sigamos brevemente una pista. La Constitución habla en su artículo 2 de Nación española y nacionalidades y regiones sin especificar cuales son regiones y cuales naciones. La fórmula corresponde a un peaje histórico, y no es otro que la Guerra Civil y el franquismo. En lo que se refiere al enfrentamiento entre hermanos, (tan común del carácter intrínseco de los españoles), nos encontramos con dos concepciones distintas de la idea de España, la liberal y democrática (defendida por Azaña) y la militar y católica con rasgos fascistoides en su inicio, (defendida por Franco). No es por tanto la Guerra Civil un enfrentamiento entre el nacionalismo español y el periférico (como se ha presentado por el nacionalismo catalán o vasco), sino un enfrentamiento entre dos visiones muy diferentes de una Nación, hasta entonces no discutida que era España. La apropiación y manipulación de la simbología (bandera, himnos, fiestas, política de memoria), por parte de una parte de una parte de este nacionalismo de carácter militar y anti-democrático, provoca al final de la dictadura, deslegitimación y una idea denostada del concepto de nación española, a la par que una fortaleza de todas las identidades, de naturaleza regional y nacional. En respuesta a aquel desafío, viene el término nacionalidades y regiones, así como el de “nacionalidad histórica”, que contra el desconocimiento mayoritario, no viene del inicio de los tiempos, no viene de los cántabros que habitaron Trasmiera al inicio de la Hispania, sino simplemente obedece al hecho de que estas comunidades tuvieran aprobado su Estatuto o estar éste en vías de discusión, hasta el momento de la ruptura definitiva de la vía legal republicana 1939. De este modo, comunidades históricas, por orden cronológico son: Cataluña, Eukadi, Galicia, Andalucía. Pero pudieron ser otras, pudo ser por ejemplo Castilla o Cantabria (caso estudiado por mí), por tanto el término obedece no a motivos sempiternos sino de recorrido parlamentario, de tramitación en cortes. La segunda manipulación nacionalista, en este sentido, viene de este hecho, y la tercera, es utilizar esta coyuntura para reclamar privilegios jurídicos sobre otras regiones.
El término nacionalidades en la actual constitución, está basado en lo antes expuesto, sin mencionar su nombre, puesto que jurídicamente no existían como tal, sin embargo, todas ellas, como históricas, en el sentido antes expuesto, accedieron a su estatuto por vía rápida (art. 143) y el resto, por la vía lenta (art. 147). A partir de estas circunstancias, ejemplos como el proyecto pactado por PP y PSOE, de reforma de Estatuto de la comunidad Valenciana, bautizándose como comunidad nacional, cosa que en términos jurídicos y de acuerdo a lo expuesto más arriba resulta absolutamente insólito, y a la vez, son el exponente y la clara prueba de que el desconocimiento de la terminología y la historia es latente, y sin rigor, podemos decir hasta que queremos reconstruir los reinos de Taifas medievales. Si cabe por el contrario reflexionar sobre los diferentes papeles armónicos de unos y otros en foros comunes adecuados que ahora no tenemos.
Pero una cosa es reconocer el derecho de proponer el encaje en el proyecto nacional y otra muy distinta predeterminar desde una periferia el campo y las reglas de juego para el conjunto, (financiación autonómica), cuando Cataluña, o mejor, sus gobernantes, hablan de limitar la solidaridad, es de nuevo no conocer la historia y hablar con muy poco rigor. Como todo el mundo sabe, las competencias más importantes (educación, sanidad…), están en su gestión transferidas a las comunidades autónomas, es una autonomía de gestión, no de financiación, es decir, es el Estado, a partir de los impuestos de todos los españoles, el que distribuye equitativamente el dinero entre todas las comunidades autónomas, sistema por el cual, y de acuerdo a diversos estudios, se han recortado las diferencias entre los ciudadanos de las distintas regiones, la excepción a la regla, es sin duda Eukadi y Navarra con el concierto económico, una “asimetría reflejada en la constitución”, que sería largo y arduo de explicar, pero por poner un calificativo ponderado, resulta a todas luces un sistema tan privilegiado como injusto. Nación y balanzas fiscales, es decir, soberanía para recaudar y gestionar los impuestos de todos, y decidir, ellas mismas el cupo de solidaridad, es decir, Concierto económico bis, algo que para los nacionalistas no es una casualidad sino la causalidad, la que da la diferencia, la diferencia que se establece al imposibilitar a un estudiante de historia presentarse a oposiciones en Cataluña sino se conoce el catalán, o la diferencia de la imposición de aprender euskera o vascuence a aquellos profesores que imparten sus enseñanzas en castellano, en un tiempo “lo más corto posible” y bajo riesgo de despido, o la diferencia, por último y sin ánimo de ser exhaustivos, de la celebración del título de liga del Barça con la exhibición por parte de directivos de banderas independentistas catalanas, tan anti-constitucionales, como la franquista.
Pero el debate de la diferencia no es debate de la causalidad, sino de la consecuencia, esto es, la apología de la ambigüedad calculada. Nación, puede ser entendido para Cantabria como un término cultural, nadie en España va a pensar que Cantabria por el hecho de ser nación, busque ningún privilegio, sino un reconocimiento de sus raíces, algo que sin embargo, no buscan los partidos nacionalistas, o si lo buscan, es sin duda, como subsidiaria excusa. Decía Tusell que la diferencia entre un nacionalista y un regionalista es que ambos, aun queriendo la exaltación de su región, el segundo lleva aparejado el síndrome de Caín y Abel, esto es, el enemigo exterior: al principio Castilla, y durante el S.XX cuando Castilla no oprimía ni a una mosca, el enemigo fue el centralismo de Madrid, para terminar el recorrido, ahora en la democracia, sobre todo en estos últimos años, el enemigo es España, palabra que no se la oirán pronunciar ni a Carod ni a Ibarretxe, su neologismo es Estado Español.
Como resalta Juan Pablo Fusi, es la política del victimismo, el victimismo del PP en la manifestación por la unidad del archivo y sobre todo de España, o el victimismo nacido de las fascistas ideas de Sabino Arana, según las cuales, Eukadi perdió la independencia en 1707 con los decretos de nueva Plata de Felipe V, si atendemos a esta lógica, Eukadi, pero también Aragón, Valencia, Trasmiera…son independientes. Pero volvamos al presente, en la actualidad está bien visto denostar la ilusión de los ciudadanos españoles, perdón, estatales, pongo por caso la candidatura de Madrid 2012, no se les ha escuchado condena alguna, al atentado de ayer en la Peineta, perpetrado por los que exaltan “el conflicto de relaciones” (en este caso entiéndase como eufemismo), entre Euskal Herría y los Países Catalanes, y el “Estado español” y para las otras partes.
A varios responsables políticos de comunidades deseosas de reformar sus estatutos se les ha preguntado si no sería más importante dedicar ese esfuerzo político a mejorar la sanidad o la educación. Y lo que han respondido invariablemente es que la reforma de Estatuto sirve precisamente para eso, para tener una mejor sanidad, por ejemplo. Es decir, que de lo que se trata es de tener mejores servicios, si bien ahora usando otra coartada aparentemente más imaginativa. A mí que me expliquen cómo van a tener mejor sanidad sólo por denominarse nación, que no lo entiendo. Y si tras la nueva denominación vienen mejores servicios, será porque esa noble etiqueta tiene por el reverso el precio a pagar por todos nosotros para que esa satisfacción no sea meramente psicológica. O sea, que lo de los adjetivos es estrictamente eso, adjetivo, y que lo sustantivo es la financiación, como nos temíamos. Por eso no es extraño que desde el nacionalismo se diga, ya más a las claras, que si lo de la financiación queda más o menos satisfactorio, se podrá posponer ese ímpetu autodeterminista que al parecer embarga a las masas de ciertas comunidades.
Por eso no queda más remedio que ironizar sobre esta puja por acceder a los adjetivos más rimbombantes. Porque se piensa, o porque se sabe, o porque se recuerda, o porque se intuye, que tras ese adjetivo resplandeciente vienen los réditos dinerarios correspondientes. Y por eso en cuanto uno ha levantado la veda y ha invitado a otro al club de los privilegiados, han saltado otros tantos a pedir su adjetivo, a recordar su carácter histórico, a exhibir blasones apolillados, a querer ser nacionalidades, comunidades nacionales y cosas así. Al pillaje sin escrúpulos, sentémonos todos en la mesa de señor, a ver qué cae. Sin recordar que, cuando los poderosos llaman a su mesa a los plebeyos siempre ha sido para que la limpien, no para que se sienten al banquete. Y a pesar de eso se apuntan al reclamo, para tratar de ser también diferentes, para ser como los que consideran favorecidos. Vamos, que aquí todos quieren ser diferentes a lo que son en realidad para poder ser tratados de igual modo que los que alcanzan privilegios reales y concretos emboscados en linajes y prosapias varias. Esa es la paradoja, que todos quieren ser diferentes para ser tratados como iguales. Pero alguno acabará mirando el banquete y limpiando el mantel.
Porque como recuerda el sabio refranero castellano, que seguramente será políticamente incorrecto citar, por viejo y por sabio, pero sobre todo por castellano, "no hay “don” sin “din”. Y aquí todo el mundo quiere el “don” como una excusa para pedir el “din”, porque a fin de cuentas, en este país que ha conocido muchos hidalgos mendigos, no hay “don” sin “din”. No hay un Ibarretxe sin Acebes, un Carod si Esperanza Aguirre o un Fraga sin Franco. Aquí nadie parece conformarse con ser, sencillamente, una región española, o una región de España, como se prefiera.
Aquí hay que ser nación, nacionalidad, nacionalidad histórica, nación cultural, comunidad nacional, región próspera, región periférica, región atlántica o euroregión histórica. Nada importaría, si no fuese por lo del “din”, que nosotros necesitamos tanto como los demás, si bien nuestra dignidad no nos permite ocultarlo con el “don” (seny en Catalá).
No debemos comenzar la casa por el tejado. España no es lo que queda después de que cada territorio haya determinado en su Estatuto lo que quiere para sí. Eso nos convertiría automáticamente, no en un Estado federal, sino en una pura confederación. España, como realidad política actual, precede lógicamente a sus Comunidades, de modo que la Constitución de 1978, y por extensión la idea de nación española, no es un adjetivo sin importancia, sino que lleva consigo, cultura, pero también, justicia, economía, en una palabra igualdad, un consenso de muchas horas, de muchas renuncias, algo que por desgracia, creo que el que más recuerda es Suárez, un futuro de convivencia, de amistad, quizá lo más importante. Es una posición lógica que en nada perjudica los legítimos derechos de algunos territorios a considerarse nacionalidades históricas con una base cultural homogénea y una larga historia de instituciones de autogobierno. De hecho, con esas premisas hemos convivido desde finales de los setenta y sobre estas bases se ha erigido un profundo respeto a las peculiaridades de cada territorio por parte de la inmensa mayoría de los españoles, incluso en los años últimos en los que hasta eso se puso en duda desde el poder central. Por eso resulta ridícula tanta insistencia en esos adjetivos por quienes tendrían más difícil acreditarlos en la misma medida que los originales. Claro que todos somos "históricos" en un sentido lato del término, pero no todos somos históricos en el sentido al que se refiere la Constitución para recordar los territorios con antecedentes jurídicos y políticos de autogobierno. ¿A qué tanto interés en esa expresión o en otras parecidas si no ocultaran algo más que esa satisfacción psicológica a la que me he referido?. Este modelo arqueológico de legitimación política, el que se basa en la preexistencia histórica, podría conducirnos en pura lógica a la mera y ridícula declaración de la única Comunidad Autónoma de Atapuerca, no ya histórica, sino incluso prehistórica, poco menos que natural e inmanente como el movimiento de la luna o la sucesión de las estaciones. Una comunidad frente a la que todas las demás palidecerían sepultadas por el peso de sus incontables estratos y dolinas. Creo que sería un útil servicio a España proponer mesura en la deriva un tanto ridícula, por parte de las autonomías y del presidente del gobierno, de esta discusión territorial.
Encaremos las reformas estatutarias como un proceso lógico siempre que no se toquen los elementos comunes del sistema ni se prefigure una paralela reforma constitucional y construyamos entre todos un país, unido en la diversidad, orgulloso de integrar territorios como Cataluña, Euskadi o Galicia, sintámonos contentos por el hecho de que sus representantes puedan utilizar sus lenguas maternas en la sede de la soberanía de las Matrias, pero por favor, sintámonos de igual modo, dichosos, cuando el Barça es més que un club, porque ha sido capaz de trasladar una determinada personalidad deportiva y unos valores de integración a un ciudadano nacido en Salamanca, que a su vez sueña con poder aprobar una oposición y transmitir su don castellano en Barcelona.
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